La democracia argentina
necesita un cambio profundo.
Según
nuestra constitución: Art. 22 “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus
representantes” y toda “reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo
y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”. Art. 38 “Los
partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. …
garantiza … la representación de las minorías, la competencia para la
postulación de candidatos a cargos públicos electivos …” y “El Estado
contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación
de sus dirigentes”.
Y ya sabemos que los partidos
políticos no representan a nadie y que son “una casta selecta” que sólo se
preocupan de su propia supervivencia. Que cualquiera corta una calle, interrumpe
un servicio, pintarrajea o destruye nuestra propiedad, agrede, insulta y/o
vocifera en nombre de “el pueblo” y nadie va preso ni por sedición ni por rebelión (que sería más apropiado en algunos casos). Que el Estado no contribuye a la
capacitación de ningún dirigente, mucho menos uno político (el congreso evidencia incapacidades por centenas). Y que lo único cierto es que solo unos pocos laburantes mantenemos
con nuestro dinero una élite de zánganos privilegiados que nos gobiernan y
roban.